Hasta la fecha, cuando una persona requería de apoyo y representación en su día a día se informaba al juzgado para solicitar una modificación de la capacidad de obrar, que era un procedimiento judicial mediante el que se limitaba o sustituía la capacidad de obrar de una persona y se nombraba a un tutor o cuidador que era el encargado de representar total o parcialmente a la persona. Con la nueva reforma legislativa en materia de apoyos a las personas con discapacidad pasamos de este sistema basado en la sustitución y representación a un de nuevo donde lo fundamental es la voluntad y las preferencias de la persona con el objetivo de respetar su dignidad, velar el cumplimiento de sus derechos fundamentales y el respeto a la libre voluntad.