Todo ingreso en un recurso residencial necesita la voluntariedad de la persona, cuente o no con una medida de apoyo establecida judicialmente. En caso de que ésta muestre su desacuerdo, será necesario que la Entidad pida el apoyo del poder judicial. Esta circunstancia queda recogida en el artículo 212-4 del libro según el Código Civil de Cataluña: “el internamiento en un establecimiento especializado requiere la autorización judicial previa si su situación no le permite decidir por si misma, cualquiera que sea la edad”.